lunes, 15 de noviembre de 2010

Entrevista con José Balmón Castell


José Balmón Castell nació en Fuente Palmera en 1942 y se curtió como sindicalista en la fábrica cordobesa de la Electromecánica, durante los años 60.
Con Ildelfonso Jiménez Delgado y Manuel Rubia Molero, fundó en la clandestinidad el sindicato de Comisiones Obreras en Córdoba, en 1968.
Sus discrepancias con la ruta trazada por el PCE, en los años anteriores a la Transición, lo llevaron a integrase como militante del PCE(r), el Partido Comunista de España (reconstituido), del que fue un importante dirigente. Esa militancia lo llevó varias veces a la cárcel, donde pasó 24 años en total, durante y después de la dictadura de Franco. Cumplió condena por “asociación ilícita” y por vinculación a la banda armada GRAPO, acusaciones que sigue negando.
En la cárcel se licenció en Bellas Artes, y hoy se dedica a la cerámica y a la escultura.

martes, 9 de noviembre de 2010

IV International Congress on Islamic Feminism (Madrid, october 2010)

(photos & videos)


IV Congreso Internacional Feminismo Islámico...
Medios de Comunicación y Feminismo Islámico

Interpretación del Corán y igualdad de género
L'Islam MacDonald

Sobre el IV Congreso Feminismo Islámico
Les Indigènes de la République

viernes, 27 de agosto de 2010

Inhibición de Garzón no invalida la exhumación de víctimas de la guerra civil

Exhumaciones en Aguilar de la Fontera (I)
(con vídeo y slideshow)

Córdoba, 24 de julio 2010

La Asociación de Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera, Córdoba, inició las excavaciones para localizar 174 víctimas, entre los 114 266 desaparecidos durante la guerra civil española y el franquismo, del listado que estuvo en el origen de la polémica investigación del juez Baltasar Garzón.
El 24 de julio 1936, hace exactamente 74 años, las tropas que atentaron contra la II República española entraron en Aguilar de la Frontera, Córdoba, e iniciaron una "brutal represión, sobretodo dirigida a dirigentes políticos y sindicales", describe Rafael Espino, profesor de 47 años y presidente de la AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera), que realiza las excavaciones en curso en el cementerio de la localidad.

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Las exhumaciones comenzaron el 03 de mayo y el equipo de la AREMEHISA localizó 47 esqueletos, 35 ya retirados de las fosas comunes situadas entre las lápidas del cementerio.
La ubicación de los enterramientos fue posible gracias a "testimonios orales", que pasaron de generación en generación, “y de personas que presenciaron los fusilamientos", cuenta Rafael Espino. Los restos mortales son clasificados y almacenados hasta la realización de las pruebas de ADN, para que luego se entreguen a los familiares.
En 1936 vivían en Aguilar de la Frontera 13.000 habitantes. "Entre los últimos días de julio y en agosto fueron fusiladas cerca de 80 personas, con asesinatos casi a diario", explica el presidente de AREMEHISA. Según datos de la asociación, miles de personas huyeron de Aguilar y la represión dejó a más de 700 niños huérfanos de padre.
"Persona que detenían, persona que llevaban al cuartelillo y, al día siguiente, la llevaban al cementerio, o a otro lugar, y la fusilaban", describe Rafael Espino.
Los arqueólogos trabajan "en un espacio muy angosto, casi sin luz y prácticamente suspendidos en el aire." En cada tumba, los técnicos encontraron "entre diez y quince personas en capas". Algunos de los cadáveres tienen las manos atadas "con cable eléctrico" y por las posturas fueron lanzados a las zanjas después de muertos.
La lista de 174 nombres de personas desaparecidas en Aguilar de la Frontera, elaborada por la AREMEHISA, integra la de 114 266 víctimas que llevó el juez Baltasar Garzón a declararse competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y del franquismo, en octubre de 2008.
Un mes más tarde, el magistrado, ahora suspendido de la Audiencia Nacional, se inhibió del proceso, y las fosas que había ordenado abrir en toda España pasaran a ser competencia de los juzgados territoriales.

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Las exhumaciones ordenadas por Garzón fueron suspendidas, no pudiendo realizarse al abrigo de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en diciembre de 2007, hasta que los juzgados territoriales se pronunciaran al respecto. En el caso de Aguilar de la Frontera, el proceso fue archivado en enero y la AREMEHISA solicitó una subvención al Ministerio de la Presidencia, que concedió 49 000 euros, para los trabajos.
Rafael Espino es también el director de la exhumación y la familiar de siete asesinados en 1936. "De parte paterna desaparecieron mi abuelo, un hermano suyo, un primo y un sobrino de 17 años". Los cuatro fueron llevados al cuartelillo y "el 1 de agosto los fusilaron contra la pared del cementerio."
Del lado materno fueron víctimas un tío abuelo, que era el alcalde, José María León, más dos hermanos de su abuelo, "los hermanos Navarro." Eran militantes socialistas, y tenían protagonismo político: "Esto fue suficiente para que los mataran."

Bruno Rascão, para la Agencia Lusa

"No queremos reabrir heridas, sólo recuperar los restos de nuestros familiares" -nieto fusilado en 1936

Exhumaciones en Aguilar de la Fontera (II)
(con vídeo)
Córdoba, 24 de julio 2010

La memoria histórica "es simplemente recuperar los restos de una gente que está enterrada como perros", dijo a la agencia Lusa Rafael Raya Bonilla, de 48 años, nieto de un fusilado en la Guerra Civil española, en Aguilar de la Frontera, provincia de Córdoba.
Su abuelo, José Bonilla Varo, fue asesinado el 28 de julio de 1936, cuatro días después de la caída del pueblo en manos de las tropas sublevadas contra la II República. Era un trabajador de campo, tenia 34 años y salió de casa para ir beber agua en la fuente, cuando pasó "un camión de los ‘nacionales’ y se lo llevó".
La mujer de José Bonilla Varo “supo que lo habían llevado al cuartel de la Guardia Civil y fue a llevarle un pedazo de pan y una manta”, pero el guardia de turno le dijo que su marido "no necesitaba de nada, porque que se lo habían matado", cuenta Rafael Raya Bonilla, 74 años después de lo sucedido.
El abuelo "no estaba afiliado a ningún partido político" y tenia cinco hijos pequeños, entre ellos la madre de Rafael, que entonces tenía cinco años.
"Mi madre dice que no entra en este cementerio hasta que sepa donde se encuentran los restos de su padre", dice Rafael, que afirma "no tener ningún deseo de venganza."
"Sería absurdo", porque "quién mató a mi abuelo ha muerto y si tiene un hijo, o un nieto, no tiene culpa". El deseo de Rafael es “apenas recuperar los restos" de su abuelo y poder decir a su madre “aquí tienen los restos de tu padre".

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Según Rafael Raya Bonilla, "el juez Garzón sólo quería recuperar la memoria de España" porque "en los libros de Historia no hay nada de esto."
Raya Bonilla piensa que "los hijos directos" de las víctimas de la represión "siguen teniendo miedo", como su madre, "que nunca ha querido hablar de esto porque le inculcaron el temor desde pequeña", diciéndole "si hablas te matan, si hablas te matan! "
"¿Cómo puede una persona que tiene una carrera universitaria, pensar que esto es reabrir heridas?", pregunta Rafael. Y añade: "Aquí en los pueblos, quien dice eso son las personas que tienen más estudios; parece que los que somos más incultos vemos la realidad mejor que esas personas".

Bruno Rascão, para la Agencia Lusa 

Exhumaciones de las víctimas de la guerra civil van más allá de fines científicos, dice arqueólogo

Exhumaciones en Aguilar de la Fontera (III)
(con vídeo)
Córdoba, 24 de julio 2010

Las exhumaciones de los muertos de la guerra civil española no tienen "un mero fin científico", declaró a la agencia Lusa el arqueólogo Jorge Cepillo, para quien los trabajos van "más allá, porque es una manera de compensar a las víctimas la dictadura de Franco. "
Jorge Cepillo, uno de los técnicos da la AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera) trabaja en las excavaciones del cementerio de Aguilar de la Frontera, en la provincia de Córdoba, iniciadas a 3 de mayo 2010, donde fueron localizados 47 esqueletos, de los cuales 35 han sido recuperados de las fosas comunes.
El arqueólogo considera "un sin sentido que no exista una normativa de ámbito nacional” aplicable “a todas las intervenciones” y destaca que, en el caso de Aguilar de la Frontera, el protocolo de actuación aprobado por la Junta de Andalucía en septiembre de 2009, "no es aplicable porque la subvención fue concedida por el Ministerio de la Presidencia."
Cepillo ejemplifica diciendo que la Consejería de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía "no exige que se cumpla el protocolo, a menos que dé una subvención", y que "se dieron casos en los que no se aplicó el debido rigor científico, ni se ha consultado los familiares” de las víctimas.

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En el caso de Aguilar de la Frontera, el arqueólogo afirma que "la intervención se lleva a cabo con los parámetros científicos y pruebas periciales que, en un futuro, podrán utilizarse como prueba" de que en España se cometieron crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, Jorge Cepillo piensa que el país "tendría que cambiar mucho para que se abriera una causa judicial" sobre los crímenes del franquismo. Refiriéndose a la investigación que apartó el juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional, dice que "la justicia no ha jugado el papel deseado por cualquier ciudadano".
Cepillo, también el nieto de una víctima de la represión, destaca que "el objetivo principal [de estas intervenciones] es reparar los familiares de las víctimas", pero defiende que "crímenes de esta magnitud no puede quedar impunes y prácticamente ausente de los libros de historia."
Por esta razón considera que "es un tema que debe ser asumido por el Estado" y "no debería haberse dejado en manos de los familiares que sólo desean reparación." En esta línea de pensamiento, sostiene que "las asociaciones de la memoria histórica no pueden convertirse en empresas que tengan que gestionar un dinero, para auto reparase a si mismas".

Bruno Rascão, para la Agencia Lusa

Inibição de Garzón não inviabiliza exumação de vítimas da guerra civil

Exumações em Aguilar de la Fontera (I)
(com video e slideshow)

Córdoba, 24 julho 2010

A Associação de Memória Histórica de Aguilar de la Frontera, em Córdoba, iniciou escavações para localizar 174 vitimas de 114.266 desaparecidos na guerra civil espanhola, uma lista que esteve na origem da controversa investigação do juiz Baltasar Garzón
A 24 de julho de 1936, há exatamente 74 anos, as tropas que atentaram contra a II República espanhola entraram em Aguilar de la Frontera, em Córdoba, e iniciaram “uma repressão brutal, sobretudo dirigida a dirigentes políticos e sindicais”, descreve Rafael Espino, professor de 47 anos e presidente da AREMEHISA (Associação para a Recuperação da Memória Histórica de Aguilar de la Frontera), que procede às escavações em curso no cemitério da localidade.

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As exumações iniciaram-se a 3 de maio e a equipa da AREMEHISA localizou 47 esqueletos, 35 já retirados das valas comuns situadas entre as lápides do cemitério.
A localização dos enterramentos foi possível graças a “testemunhos orais”, que passaram de geração em geração, “e de pessoas que presenciaram os fuzilamentos”, conta Rafael Espino. Os restos mortais são classificados e armazenados até à realização das provas de ADN, para depois serem entregues aos familiares.
Em 1936 viviam em Aguilar de la Frontera 13.000 habitantes. “Entre os últimos dias de julho e agosto foram fuziladas perto de 80 pessoas, com assassinatos quase diários”, explica o presidente da AREMEHISA. Segundo dados da associação, milhares de pessoas fugiram de Aguilar e a repressão deixou mais de 700 crianças órfãs de pai.
“Pessoa que detinham, pessoa que levavam à esquadra e, no dia seguinte, traziam-na ao cemitério, ou a outro lugar, e fuzilavam-na”, descreve Rafael Espino.
Os arqueólogos trabalham “num espaço muito estreito, quase sem luz e praticamente suspensos no ar”. Em cada sepultura, os técnicos encontram “entre dez e quinze pessoas [enterradas] por camadas". Alguns dos cadáveres têm as mãos atadas “com fio elétrico” e pelas posturas foram atirados depois de mortos.
A lista de 174 nomes de pessoas desaparecidas em Aguilar de la Frontera, elaborada pela AREMEHISA, integra a de 114.266 vitimas que levou o juiz Baltasar Garzón a declarar-se competente para investigar os crimes da Guerra Civil, em outubro de 2008.
Um mês depois, o magistrado, agora suspenso pela Audiência Nacional, afastou-se do processo, e as valas que tinha ordenado abrir em toda a Espanha passaram a ser competência dos tribunais regionais.

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As exumações ordenadas por Garzón foram suspensas, não podendo realizar-se ao abrigo da Lei de Memoria Histórica, aprovada em dezembro de 2007, até que os tribunais regionais se pronunciassem. No caso de Aguilar de la Frontera, o processo foi arquivado em janeiro e a AREMEHISA solicitou um subsidio ao Ministério da Presidência, que concedeu 49.000 euros.
Rafael Espino é também o diretor da exumação e familiar de sete assassinados em 1936. “Da parte paterna desapareceram o meu avô, um irmão dele, um primo e um sobrinho de 17 anos”. Levaram os quatro para a esquadra e "no dia 1 agosto fuzilaram-nos contra a parede do cemitério".
Da parte materna foram vitimas um tio avô, que era o presidente da câmara municipal, José Maria León, e dois irmãos do avô, “os irmãos Navarro”. Eram militantes socialistas, e tinham protagonismo politico: “Foi o suficiente para que os matassem.”

Bruno Rascão, para a Agência Lusa

*** Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico ***

"Não queremos reabrir feridas, apenas recuperar os restos dos nossos familiares” – neto de fuzilado em 1936

Exumações em Aguilar de la Fontera (II)
(com video)

Córdoba, 24 julho 2010

A memória histórica "é simplesmente recuperar os restos de uma gente que está enterrada como cães”, afirma à Lusa Rafael Raya Bonilla, 48 anos, neto de um fuzilado na guerra civil espanhola, na localidade de Aguilar de la Frontera, província de Córdoba.
O avô, José Bonilla Varo, foi assassinado a 28 de julho de 1936, quatro dias depois da aldeia cair em mãos das tropas sublevadas contra a II República. Era um trabalhador do campo, tinha 34 anos e saiu de casa para ir beber água à fonte, quando “passou um camião dos ‘nacionais’ e o levou”.
A mulher de José Bonilla Varo “soube que o tinham levado para o quartel da Guarda Civil e foi-lhe levar um pedaço de pão e uma manta”, mas o guarda de turno disse-lhe que o marido “não precisava de nada, porque o tinham matado”, conta Rafael Bonilla Varo, 74 anos depois do sucedido.
O avô “não estava filiado em nenhum partido político” e tinha cinco filhos pequenos, entre os quais a mãe de Rafael, que então tinha cinco anos.
“A minha mãe diz que não entra neste cemitério até saber onde estão os restos do pai”, conta Rafael, que afirma “não ter nenhum desejo de vingança".
"Seria absurdo”, porque “quem matou o meu avô está morto e se tem um filho, ou um neto, não tem culpa disso”. O desejo de Rafael é “apenas recuperar os restos" do avô e poder dizer à mãe “aqui tens os restos do teu pai!”.

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Segundo Rafael Raya Bonilla, “o juiz Garzón apenas pretendia recuperar a história de Espanha”, porque “nos livros de História não há nada disto”.
Raya Bonilla pensa que “os filhos diretos” das vítimas da repressão “continuam a ter medo”, como a sua mãe, “que nunca quis falar disto porque lhe inculcaram o temor desde pequena”, dizendo-lhe “se falares matam-te, se falares matam-te!”
“Como pode uma pessoa que tem uma carreira universitária, pensar que isto é reabrir feridas?”, pergunta Rafael. E acrescenta: “Aqui nas aldeias, quem diz isso são as pessoas que têm mais estudos; parece que os que somos mais incultos vemos melhor a realidade que essas pessoas.”

Bruno Rascão, para a Agência Lusa

*** Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo ortográfico ***

Exumações das vítimas da guerra civil vão além de fins científicos, diz arqueólogo

Exumações em Aguilar de la Fontera (III)
(com video)

Córdoba, 24 julho 2010

As exumações dos mortos da guerra civil espanhola não têm "um mero fim cientifico”, declara à Lusa o arqueólogo Jorge Cepillo, para quem os trabalhos vão "mais além, porque é uma forma de compensar as vitimas da ditadura de Franco”.
Jorge Cepillo, um dos técnicos da AREMEHISA (Associação para a Recuperação da Memória Histórica de Aguilar de la Frontera) trabalha nas escavações do cemitério de Aguilar de la Frontera, na província de Córdoba, iniciadas a 3 de maio de 2010, onde foram localizados 47 esqueletos, dos quais 35 já foram recuperados das valas comuns.
O arqueólogo considera “um contra-senso que não exista uma normativa de âmbito nacional” aplicável “a todas as intervenções” e destaca que, no caso das exumações de Aguilar de la Frontera, o protocolo de atuação, aprovado pela Junta da Andaluzia em setembro de 2009, “não seja aplicável, porque o subsidio foi concedido pelo Ministério da Presidência”.
Cepillo exemplifica dizendo que o Comissariado para a Memoria Histórica da Junta da Andaluzia “não exige que se cumpra o protocolo, a não ser que dê um subsídio”, e que “se deram casos em que não se aplicou o devido rigor cientifico, nem se consultou os familiares” das vítimas.

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No caso de Aguilar de la Frontera, o arqueólogo afirma que “a intervenção está a ser realizada com parâmetros científicos e provas periciais que, no futuro, poderão ser utilizadas como provas” de que em Espanha se cometeram crimes contra a humanidade.
No entanto, Jorge Cepillo pensa que o país “teria que mudar muito para que se abrisse uma causa judicial” sobre os crimes do franquismo. Referindo-se à investigação que afastou o juiz Baltasar Garzón da Audiência Nacional, diz que “a justiça não desempenhou o papel desejado pelos cidadãos”.
Cepillo, neto de uma vitima da repressão, salienta que “o objetivo principal [destas intervenções] é ressarcir os familiares das vitimas”, mas defende que “crimes desta magnitude não podem ficar impunes e praticamente ausentes dos livros de história”.
Por essa razão considera que “é um tema que devia ser assumido pelo Estado” e “não devia ter sido deixado nas mãos dos familiares, que só querem a reparação”. Nessa linha de pensamento, defende que “as associações de memória histórica não se podem converter em empresas que gerem dinheiro para se auto-dignificarem a si mesmas”.

Bruno Rascão, para a Agência Lusa 

*** Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo ortográfico ***

miércoles, 7 de julio de 2010

Entrevista a Carlos Jiménez Villarejo (ex fiscal anticorrupción)


(Iª parte) El proceso contra el juez Baltasar Garzón

(IIª parte) Los crímenes contra la humanidad y la dictadura del general Franco

(IIIª parte) La Memoria Histórica y la justicia española

miércoles, 30 de junio de 2010

Tras el paradero de cinco fusilados en La Puebla de los Infantes (Sevilla)


El día 20 de agosto de 1936, los militares sublevados contra la república democrática española entraron en la localidad sevillana de La Puebla de los Infantes. Dos días después, cinco vecinos eran fusilados por los revoltosos y enterrados en una cuneta de carretera, a cerca de dos kilómetros del pueblo. Esos tres hombres, con edades comprendidas entre los 24 y 35 años, y dos mujeres, de 47 y 60 años, perdían la vida el 22 de agosto de 1936, tiroteados por los militares sublevados y arrojados a una de las miles cunetas del olvido, que siguen vigentes en España.
Más de 70 años después, algunos de sus descendientes siguen luchando para conocer su paradero, rescatar sus restos y enterrarlos dignamente.
En 2009, los días 14 de abril y 12 de septiembre, un equipo de voluntarios de Foro por la Memoria localizó y trabajó en la dicha fosa, conocida como de La Cantera. Los trabajos no permitieron encontrar los cuerpos completos de las cinco victimas; solo “numerosos restos óseos humanos revueltos” y “distintos elementos personales”, como monedas, botones o un mechero.
Al parecer ya se habían realizado trabajos de exhumación en 1982, pero “sin metodología arqueológica” y, entonces, los restos fueron “trasladados a un panteón construido en el cementerio municipal para ese efecto”.
El Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes a denegado, hasta hoy, la petición de los familiares para que un equipo de antropólogos del Foro por la Memoria pueda individualizar y identificar los restos, que supuestamente se encuentran en el nicho.
Actualmente se espera un pronunciamiento de la justicia a favor de los familiares de las victimas, que permita la abertura del panteón. Si tal no ocurre, este será uno de los miles y miles de episodios macabros cometidos contra la población civil que seguirá sin cerrar, más de 70 años después de los hechos.

lunes, 28 de junio de 2010

Belchite, pueblo viejo


El pueblo viejo de Belchite, en la provincia de Zaragoza, fue escenario de una de las batallas simbólicas de la Guerra Civil Española. El 24 de agosto de 1937 el Ejército republicano inició la batalla por recuperar Belchite, atacando el ejército que se había sublevado contra la República y el gobierno democrático elegido en las urnas.
El día 6 de septiembre los republicanos lograron conquistar el pueblo, que quedó en ruina después de los enfrentamientos, hasta que las fuerzas de Franco lo volvieron a tomar, el 10 de marzo de 1938. El dictador mantuvo intactas las ruinas de Belchite, como símbolo de su victoria, para que nadie olvidara que el pueblo viejo "fue bastión que aguantó la furia rojo-comunista". Curioso que el hombre que sembró el olvido y manipuló la historia a su gusto durante 40 años, utilizara ese argumento.
En 1954, el general Franco inauguró el pueblo nuevo, a las puertas del Belchite en ruinas, construido en gran parte por presos políticos, entre 1940 y 1945, que trabajaban en condiciones infrahumanas.
Es verdad que fue el Ejército republicano quien atacó Belchite, en un intento de expandir su linea de frente en Aragón, lo que acabaría por no lograr, pero también que luchaban contra el invasor fascista que privó al pueblo español de democracia durante 40 años, recurriendo a la represión como eje fundamental para imponer su peculiar forma de implementar la paz.
Las ruinas, que son visitadas por más de 10.000 personas al año, son también lugar de reunión para nostálgicos del franquismo, como los falangistas.

viernes, 18 de junio de 2010

Encontros com a Memoria Histórica: Lei de Amnistia de 1977 é pré-constitucional e portanto ilegal

Sevilha, 22 mai (Lusa) - A anulação da Lei de Amnistia de 1977, que impede a investigação sobre os crimes contra a humanidade cometidos em Espanha, é o principal objetivo da Associação Arquivo Guerra e Exílio (AGE), disse à Lusa a secretária-geral da entidade, Dolores Cabra.
"A Lei de Amnistia de 1977 é pré-constitucional e portanto ilegal", afirmou Dolores Cabra, que participou nas jornadas "Encontros com a Memoria Histórica", em centros de ensino públicos da província de Sevilha, encerradas na sexta feira.
Se a lei já tivesse sido anulada, o juiz Baltasar Garzón não estaria a responder em tribunal por investigar os crimes do franquismo e prevaleceria o Direito Internacional, que os tipifica como crimes contra a humanidade e não são prescritíveis.
A mediatização do caso Garzón abriu o debate sobre o direito que deve prevalecer, se o nacional ou o internacional. Para a AGE a resposta é evidente: "A legislação universal sobre Direitos Humanos deve ser a que rege no que diz respeito aos culpados e assassinos". Por isso declara que a associação apelará a "todas as instâncias em Espanha" para que se anule a lei. "Quando se esgotarem todas as possibilidades, seguiremos para Estrasburgo", para o Tribunal de Direitos Humanos.
Em relação ao caso do juiz Garzón, que é acusado de prevaricação pelo Tribunal Supremo por investigar a denúncia do desaparecimento de mais de 100 mil pessoas durante o período franquista, Dolores Cabra esclarece que "não foi a primeira vez" que se apresentaram este tipo de processos.
Quando as associações de memória histórica "têm conhecimento da localização de valas comuns", e para poderem exumar os restos, "apresentam denúncias nos tribunais regionais", mas "os juízes arquivam os casos, considerando que ficaram resolvidos pela Lei de Amnistia de 1977".
A investigação aberta por Baltasar Garzón foi pioneira, "mas depois da suspensão e da [possível] inabilitação, que juiz é que se vai atrever a pegar neste tema?", pergunta Dolores Cabra.
A secretária geral da AGE é também uma vitima do franquismo. Foi detida em agosto de 1975 e condenada a seis anos de prisão "por questões sindicais e por lutar contra a pena de morte", sentença aplicada a cinco presos, apenas dois meses antes do desaparecimento de Franco. Dolores Cabra foi libertada por um indulto, em outubro, "na altura em que [o rei] Juan Carlos foi nomeado sucessor de Franco".
A Associação AGE foi fundada em 1997 com o objetivo de "evitar que a memória daqueles que lutaram pela liberdade, pela República e por condições de vida dignas para o povo, seja esquecida pelas gerações mais jovens".
As jornadas de Sevilha, a que chamam "Caravana da Memória", pretende "transmitir a memória histórica aos mais jovens, levando-a às escolas".


Bruno Rascão, para a Agência Lusa

*** Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo ortográfico ***

miércoles, 16 de junio de 2010

Encontros com a Memória Histórica: "Espanha é um país de desaparecidos"

Sevilha, 22 mai (Lusa) - O comissário da Memória Histórica da Junta da Andaluzia, Juan Gallo, lembra que "Espanha é um país de desaparecidos" e não esconde a indignação perante o processo que pende sobre o juiz Baltasar Garzón por investigar os crimes cometidos durante o franquismo.


Questionado pela Lusa sobre o caso de Baltasar Garzón, o primeiro juiz que iniciou uma investigação criminal ao período franquista, o comissário considerou que "a paz e o entendimento entre as pessoas tem que assentar sobre a verdade" e a recuperação da memória histórica não pode ser plena sem o amparo pela justiça.
"Sobre o esquecimento, a amnésia e a ocultação dos acontecimentos não há verdadeira paz", prosseguiu Juan Gallo, que esteve esta semana a esclarecer 50 alunos da escola secundária de Nervión, em Sevilha, no âmbito dos "Encontros com a Memória Histórica", promovidos pela Associação Arquivo Guerra e Exílo e que terminaram na sexta feira na cidade andaluza.
No entanto, Juan Gallo esclareceu que "a Junta da Andaluzia nunca encarou a hipótese de perseguir ou denunciar os criminosos responsáveis dessas barbaridades", por considerar "que essa missão corresponde aos juízes".
Ao abrigo da Lei de Amnistia aprovada em 1977, todas as denúncias, apresentadas por familiares e associações, de crimes cometidos durante a ditadura espanhola são arquivadas.
Nos "Encontros com a Memória Histórica" estiveram também presentes vítimas do franquismo que deram o seu testemunho e proferiram palestras dirigidas aos alunos de várias escolas da província de Sevilha.
Juan Gallo sublinhou, perante a audiência de jovens que "Espanha é um país de desaparecidos", tal como "a Argentina, o Uruguai e o Chile", e destacou alguns dos acontecimentos mais dramáticos desses tempos.
Em Espanha "desapareceu muita gente da qual nunca mais se soube nada", e "o franquismo não se limitava a assassinar as pessoas, depois roubava-as", aplicando às famílias republicanas "expedientes de responsabilidades políticas". E exemplificou: "A um pobre operário matavam-no, e depois, à viúva tiravam-lhe a casa, o porco, a cama de casal, tudo!"
Juan Gallo destacou a necessidade de transmitir a história às novas gerações, porque "há muitas coisas que não se sabem". A meio da intervenção apontou para o fundo da sala, para uma cópia, feita pelos alunos da escola, de Guernica, o célebre quadro de Picasso, e afirmou: "Este quadro é famoso no mundo inteiro, mas também a cidade de Jaén foi arrasada pela aviação alemã, só que Jaén não teve a sorte de ter um Picasso que a pintasse".
À saída da conferência, Sílvia Rubio, uma estudante de 18 anos, considerou que a sua geração "não sabe verdadeiramente o que se passou" durante a guerra civil e o franquismo. E destacou a importância de eventos como este, até porque muitos dos seus colegas "desqualificam pessoas, sem saberem nada disto".

Bruno Rascão, para a Agência Lusa

*** Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo ortográfico ***

Encontros com a Memória Histórica: A indignação das vítimas do franquismo

Sevilha, 22 mai (Lusa) - Duas vítimas do franquismo manifestaram à Lusa, em Sevilha, a sua incredulidade por o Tribunal Supremo ter aceitado "uma denúncia dos verdugos, contra o juiz que quis representar as vítimas".
Concha Ramírez, 86 anos, e Juan António Velasco, 84, ambos vítimas da ditadura franquista, seguem com perplexidade o desenvolvimento do processo de que é alvo o juiz Baltasar Garzón.
Ambos participaram numa conferência esta semana em Sevilha, onde falaram das suas vidas perante uma plateia de mais de 50 alunos da escola secundária de Nervión, em Sevilha, um evento enquadrado nos "Encontros com a Memória Histórica", promovido pela Associação Arquivo Guerra e Exílio, encerrados na sexta feira.
Para Concha Ramírez, os recentes acontecimentos, que levaram Garzón ao banco dos réus, são um sintoma de que "a democracia [espanhola] se está a degradar muito rapidamente" e de que "isto volta para trás". Chegou a estar "doente por saber que os falangistas têm o direito de condenar um juiz tão bom", a quem "não deixam fazer o seu trabalho como é devido".
O rosto de Juan António Velasco é uma expressão de dor quando fala sobre Garzón. "Na minha família foi horroroso o que mataram de gente", e não é compreensível que "o juiz mais valente de Espanha" esteja prestes a ser julgado por investigar os crimes do franquismo.
Garzón "foi o único que enfrentou todos os poderes para aclarar uma página da História de Espanha", que segundo Velasco é essencial que se investigue "porque se deve saber e para que não volte a passar-se".
Velasco esclarece que "não há nenhuma intenção de vingança", apenas deseja "dignificar o esforço" durante a luta contra a ditadura franquista.


Concha Ramírez era uma criança quando começou a guerra civil espanhola, a 18 de julho de 1936. Filha de um coronel republicano, vivia em Madrid com a família quando começaram os bombardeamentos.
Decidiram fugir da cidade e viajaram para Valência, depois para Barcelona, e em fevereiro de 1939, já no final da guerra, atravessaram a fronteira para França.
Depois de inúmeras vicissitudes, acabaram por instalar-se na "casa de um comunista" com quem Cocha Ramírez se viria a casar depois este ter "passado pelo campo de concentração de Flossenbürg", na Baviera alemã.
Após 40 anos de exílio, Concha vive atualmente em Espanha, numa aldeia da província de Sevilha.


A vida de Juan António Velasco ficou marcada para sempre no dia em que as tropas rebeldes entraram na aldeia de El Saucejo, a 4 de setembro de 1936. Apenas quatro dias depois, o pai, que seguindo a tradição familiar era professor, "foi fuzilado com cinco ou seis mulheres" e "enterrado na vala comum da aldeia". A mãe foi perseguida e um tio também foi fuzilado.
Quando era um adolescente, Juan António envolveu-se "no movimento de resistência", em Sevilha, e acabou por ser detido, com 19 anos, por pertencer ao movimento sindical e às Juventudes Socialistas Unificadas.
Apesar de não ter sofrido penas muito longas, afirma conhecer "bem todos os órgãos de repressão, como a polícia ou a Guarda Civil", que o interrogaram e torturaram repetidas vezes.


Bruno Rascão, para a Agência Lusa

*** Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico ***

viernes, 26 de marzo de 2010