viernes, 27 de agosto de 2010

Inhibición de Garzón no invalida la exhumación de víctimas de la guerra civil

Exhumaciones en Aguilar de la Fontera (I)
(con vídeo y slideshow)

Córdoba, 24 de julio 2010

La Asociación de Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera, Córdoba, inició las excavaciones para localizar 174 víctimas, entre los 114 266 desaparecidos durante la guerra civil española y el franquismo, del listado que estuvo en el origen de la polémica investigación del juez Baltasar Garzón.
El 24 de julio 1936, hace exactamente 74 años, las tropas que atentaron contra la II República española entraron en Aguilar de la Frontera, Córdoba, e iniciaron una "brutal represión, sobretodo dirigida a dirigentes políticos y sindicales", describe Rafael Espino, profesor de 47 años y presidente de la AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera), que realiza las excavaciones en curso en el cementerio de la localidad.

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Las exhumaciones comenzaron el 03 de mayo y el equipo de la AREMEHISA localizó 47 esqueletos, 35 ya retirados de las fosas comunes situadas entre las lápidas del cementerio.
La ubicación de los enterramientos fue posible gracias a "testimonios orales", que pasaron de generación en generación, “y de personas que presenciaron los fusilamientos", cuenta Rafael Espino. Los restos mortales son clasificados y almacenados hasta la realización de las pruebas de ADN, para que luego se entreguen a los familiares.
En 1936 vivían en Aguilar de la Frontera 13.000 habitantes. "Entre los últimos días de julio y en agosto fueron fusiladas cerca de 80 personas, con asesinatos casi a diario", explica el presidente de AREMEHISA. Según datos de la asociación, miles de personas huyeron de Aguilar y la represión dejó a más de 700 niños huérfanos de padre.
"Persona que detenían, persona que llevaban al cuartelillo y, al día siguiente, la llevaban al cementerio, o a otro lugar, y la fusilaban", describe Rafael Espino.
Los arqueólogos trabajan "en un espacio muy angosto, casi sin luz y prácticamente suspendidos en el aire." En cada tumba, los técnicos encontraron "entre diez y quince personas en capas". Algunos de los cadáveres tienen las manos atadas "con cable eléctrico" y por las posturas fueron lanzados a las zanjas después de muertos.
La lista de 174 nombres de personas desaparecidas en Aguilar de la Frontera, elaborada por la AREMEHISA, integra la de 114 266 víctimas que llevó el juez Baltasar Garzón a declararse competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y del franquismo, en octubre de 2008.
Un mes más tarde, el magistrado, ahora suspendido de la Audiencia Nacional, se inhibió del proceso, y las fosas que había ordenado abrir en toda España pasaran a ser competencia de los juzgados territoriales.

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Las exhumaciones ordenadas por Garzón fueron suspendidas, no pudiendo realizarse al abrigo de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en diciembre de 2007, hasta que los juzgados territoriales se pronunciaran al respecto. En el caso de Aguilar de la Frontera, el proceso fue archivado en enero y la AREMEHISA solicitó una subvención al Ministerio de la Presidencia, que concedió 49 000 euros, para los trabajos.
Rafael Espino es también el director de la exhumación y la familiar de siete asesinados en 1936. "De parte paterna desaparecieron mi abuelo, un hermano suyo, un primo y un sobrino de 17 años". Los cuatro fueron llevados al cuartelillo y "el 1 de agosto los fusilaron contra la pared del cementerio."
Del lado materno fueron víctimas un tío abuelo, que era el alcalde, José María León, más dos hermanos de su abuelo, "los hermanos Navarro." Eran militantes socialistas, y tenían protagonismo político: "Esto fue suficiente para que los mataran."

Bruno Rascão, para la Agencia Lusa

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