viernes, 27 de agosto de 2010

Inhibición de Garzón no invalida la exhumación de víctimas de la guerra civil

Exhumaciones en Aguilar de la Fontera (I)
(con vídeo y slideshow)

Córdoba, 24 de julio 2010

La Asociación de Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera, Córdoba, inició las excavaciones para localizar 174 víctimas, entre los 114 266 desaparecidos durante la guerra civil española y el franquismo, del listado que estuvo en el origen de la polémica investigación del juez Baltasar Garzón.
El 24 de julio 1936, hace exactamente 74 años, las tropas que atentaron contra la II República española entraron en Aguilar de la Frontera, Córdoba, e iniciaron una "brutal represión, sobretodo dirigida a dirigentes políticos y sindicales", describe Rafael Espino, profesor de 47 años y presidente de la AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera), que realiza las excavaciones en curso en el cementerio de la localidad.

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Las exhumaciones comenzaron el 03 de mayo y el equipo de la AREMEHISA localizó 47 esqueletos, 35 ya retirados de las fosas comunes situadas entre las lápidas del cementerio.
La ubicación de los enterramientos fue posible gracias a "testimonios orales", que pasaron de generación en generación, “y de personas que presenciaron los fusilamientos", cuenta Rafael Espino. Los restos mortales son clasificados y almacenados hasta la realización de las pruebas de ADN, para que luego se entreguen a los familiares.
En 1936 vivían en Aguilar de la Frontera 13.000 habitantes. "Entre los últimos días de julio y en agosto fueron fusiladas cerca de 80 personas, con asesinatos casi a diario", explica el presidente de AREMEHISA. Según datos de la asociación, miles de personas huyeron de Aguilar y la represión dejó a más de 700 niños huérfanos de padre.
"Persona que detenían, persona que llevaban al cuartelillo y, al día siguiente, la llevaban al cementerio, o a otro lugar, y la fusilaban", describe Rafael Espino.
Los arqueólogos trabajan "en un espacio muy angosto, casi sin luz y prácticamente suspendidos en el aire." En cada tumba, los técnicos encontraron "entre diez y quince personas en capas". Algunos de los cadáveres tienen las manos atadas "con cable eléctrico" y por las posturas fueron lanzados a las zanjas después de muertos.
La lista de 174 nombres de personas desaparecidas en Aguilar de la Frontera, elaborada por la AREMEHISA, integra la de 114 266 víctimas que llevó el juez Baltasar Garzón a declararse competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y del franquismo, en octubre de 2008.
Un mes más tarde, el magistrado, ahora suspendido de la Audiencia Nacional, se inhibió del proceso, y las fosas que había ordenado abrir en toda España pasaran a ser competencia de los juzgados territoriales.

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Las exhumaciones ordenadas por Garzón fueron suspendidas, no pudiendo realizarse al abrigo de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en diciembre de 2007, hasta que los juzgados territoriales se pronunciaran al respecto. En el caso de Aguilar de la Frontera, el proceso fue archivado en enero y la AREMEHISA solicitó una subvención al Ministerio de la Presidencia, que concedió 49 000 euros, para los trabajos.
Rafael Espino es también el director de la exhumación y la familiar de siete asesinados en 1936. "De parte paterna desaparecieron mi abuelo, un hermano suyo, un primo y un sobrino de 17 años". Los cuatro fueron llevados al cuartelillo y "el 1 de agosto los fusilaron contra la pared del cementerio."
Del lado materno fueron víctimas un tío abuelo, que era el alcalde, José María León, más dos hermanos de su abuelo, "los hermanos Navarro." Eran militantes socialistas, y tenían protagonismo político: "Esto fue suficiente para que los mataran."

Bruno Rascão, para la Agencia Lusa

"No queremos reabrir heridas, sólo recuperar los restos de nuestros familiares" -nieto fusilado en 1936

Exhumaciones en Aguilar de la Fontera (II)
(con vídeo)
Córdoba, 24 de julio 2010

La memoria histórica "es simplemente recuperar los restos de una gente que está enterrada como perros", dijo a la agencia Lusa Rafael Raya Bonilla, de 48 años, nieto de un fusilado en la Guerra Civil española, en Aguilar de la Frontera, provincia de Córdoba.
Su abuelo, José Bonilla Varo, fue asesinado el 28 de julio de 1936, cuatro días después de la caída del pueblo en manos de las tropas sublevadas contra la II República. Era un trabajador de campo, tenia 34 años y salió de casa para ir beber agua en la fuente, cuando pasó "un camión de los ‘nacionales’ y se lo llevó".
La mujer de José Bonilla Varo “supo que lo habían llevado al cuartel de la Guardia Civil y fue a llevarle un pedazo de pan y una manta”, pero el guardia de turno le dijo que su marido "no necesitaba de nada, porque que se lo habían matado", cuenta Rafael Raya Bonilla, 74 años después de lo sucedido.
El abuelo "no estaba afiliado a ningún partido político" y tenia cinco hijos pequeños, entre ellos la madre de Rafael, que entonces tenía cinco años.
"Mi madre dice que no entra en este cementerio hasta que sepa donde se encuentran los restos de su padre", dice Rafael, que afirma "no tener ningún deseo de venganza."
"Sería absurdo", porque "quién mató a mi abuelo ha muerto y si tiene un hijo, o un nieto, no tiene culpa". El deseo de Rafael es “apenas recuperar los restos" de su abuelo y poder decir a su madre “aquí tienen los restos de tu padre".

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Según Rafael Raya Bonilla, "el juez Garzón sólo quería recuperar la memoria de España" porque "en los libros de Historia no hay nada de esto."
Raya Bonilla piensa que "los hijos directos" de las víctimas de la represión "siguen teniendo miedo", como su madre, "que nunca ha querido hablar de esto porque le inculcaron el temor desde pequeña", diciéndole "si hablas te matan, si hablas te matan! "
"¿Cómo puede una persona que tiene una carrera universitaria, pensar que esto es reabrir heridas?", pregunta Rafael. Y añade: "Aquí en los pueblos, quien dice eso son las personas que tienen más estudios; parece que los que somos más incultos vemos la realidad mejor que esas personas".

Bruno Rascão, para la Agencia Lusa 

Exhumaciones de las víctimas de la guerra civil van más allá de fines científicos, dice arqueólogo

Exhumaciones en Aguilar de la Fontera (III)
(con vídeo)
Córdoba, 24 de julio 2010

Las exhumaciones de los muertos de la guerra civil española no tienen "un mero fin científico", declaró a la agencia Lusa el arqueólogo Jorge Cepillo, para quien los trabajos van "más allá, porque es una manera de compensar a las víctimas la dictadura de Franco. "
Jorge Cepillo, uno de los técnicos da la AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera) trabaja en las excavaciones del cementerio de Aguilar de la Frontera, en la provincia de Córdoba, iniciadas a 3 de mayo 2010, donde fueron localizados 47 esqueletos, de los cuales 35 han sido recuperados de las fosas comunes.
El arqueólogo considera "un sin sentido que no exista una normativa de ámbito nacional” aplicable “a todas las intervenciones” y destaca que, en el caso de Aguilar de la Frontera, el protocolo de actuación aprobado por la Junta de Andalucía en septiembre de 2009, "no es aplicable porque la subvención fue concedida por el Ministerio de la Presidencia."
Cepillo ejemplifica diciendo que la Consejería de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía "no exige que se cumpla el protocolo, a menos que dé una subvención", y que "se dieron casos en los que no se aplicó el debido rigor científico, ni se ha consultado los familiares” de las víctimas.

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En el caso de Aguilar de la Frontera, el arqueólogo afirma que "la intervención se lleva a cabo con los parámetros científicos y pruebas periciales que, en un futuro, podrán utilizarse como prueba" de que en España se cometieron crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, Jorge Cepillo piensa que el país "tendría que cambiar mucho para que se abriera una causa judicial" sobre los crímenes del franquismo. Refiriéndose a la investigación que apartó el juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional, dice que "la justicia no ha jugado el papel deseado por cualquier ciudadano".
Cepillo, también el nieto de una víctima de la represión, destaca que "el objetivo principal [de estas intervenciones] es reparar los familiares de las víctimas", pero defiende que "crímenes de esta magnitud no puede quedar impunes y prácticamente ausente de los libros de historia."
Por esta razón considera que "es un tema que debe ser asumido por el Estado" y "no debería haberse dejado en manos de los familiares que sólo desean reparación." En esta línea de pensamiento, sostiene que "las asociaciones de la memoria histórica no pueden convertirse en empresas que tengan que gestionar un dinero, para auto reparase a si mismas".

Bruno Rascão, para la Agencia Lusa

Inibição de Garzón não inviabiliza exumação de vítimas da guerra civil

Exumações em Aguilar de la Fontera (I)
(com video e slideshow)

Córdoba, 24 julho 2010

A Associação de Memória Histórica de Aguilar de la Frontera, em Córdoba, iniciou escavações para localizar 174 vitimas de 114.266 desaparecidos na guerra civil espanhola, uma lista que esteve na origem da controversa investigação do juiz Baltasar Garzón
A 24 de julho de 1936, há exatamente 74 anos, as tropas que atentaram contra a II República espanhola entraram em Aguilar de la Frontera, em Córdoba, e iniciaram “uma repressão brutal, sobretudo dirigida a dirigentes políticos e sindicais”, descreve Rafael Espino, professor de 47 anos e presidente da AREMEHISA (Associação para a Recuperação da Memória Histórica de Aguilar de la Frontera), que procede às escavações em curso no cemitério da localidade.

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As exumações iniciaram-se a 3 de maio e a equipa da AREMEHISA localizou 47 esqueletos, 35 já retirados das valas comuns situadas entre as lápides do cemitério.
A localização dos enterramentos foi possível graças a “testemunhos orais”, que passaram de geração em geração, “e de pessoas que presenciaram os fuzilamentos”, conta Rafael Espino. Os restos mortais são classificados e armazenados até à realização das provas de ADN, para depois serem entregues aos familiares.
Em 1936 viviam em Aguilar de la Frontera 13.000 habitantes. “Entre os últimos dias de julho e agosto foram fuziladas perto de 80 pessoas, com assassinatos quase diários”, explica o presidente da AREMEHISA. Segundo dados da associação, milhares de pessoas fugiram de Aguilar e a repressão deixou mais de 700 crianças órfãs de pai.
“Pessoa que detinham, pessoa que levavam à esquadra e, no dia seguinte, traziam-na ao cemitério, ou a outro lugar, e fuzilavam-na”, descreve Rafael Espino.
Os arqueólogos trabalham “num espaço muito estreito, quase sem luz e praticamente suspensos no ar”. Em cada sepultura, os técnicos encontram “entre dez e quinze pessoas [enterradas] por camadas". Alguns dos cadáveres têm as mãos atadas “com fio elétrico” e pelas posturas foram atirados depois de mortos.
A lista de 174 nomes de pessoas desaparecidas em Aguilar de la Frontera, elaborada pela AREMEHISA, integra a de 114.266 vitimas que levou o juiz Baltasar Garzón a declarar-se competente para investigar os crimes da Guerra Civil, em outubro de 2008.
Um mês depois, o magistrado, agora suspenso pela Audiência Nacional, afastou-se do processo, e as valas que tinha ordenado abrir em toda a Espanha passaram a ser competência dos tribunais regionais.

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As exumações ordenadas por Garzón foram suspensas, não podendo realizar-se ao abrigo da Lei de Memoria Histórica, aprovada em dezembro de 2007, até que os tribunais regionais se pronunciassem. No caso de Aguilar de la Frontera, o processo foi arquivado em janeiro e a AREMEHISA solicitou um subsidio ao Ministério da Presidência, que concedeu 49.000 euros.
Rafael Espino é também o diretor da exumação e familiar de sete assassinados em 1936. “Da parte paterna desapareceram o meu avô, um irmão dele, um primo e um sobrinho de 17 anos”. Levaram os quatro para a esquadra e "no dia 1 agosto fuzilaram-nos contra a parede do cemitério".
Da parte materna foram vitimas um tio avô, que era o presidente da câmara municipal, José Maria León, e dois irmãos do avô, “os irmãos Navarro”. Eram militantes socialistas, e tinham protagonismo politico: “Foi o suficiente para que os matassem.”

Bruno Rascão, para a Agência Lusa

*** Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico ***

"Não queremos reabrir feridas, apenas recuperar os restos dos nossos familiares” – neto de fuzilado em 1936

Exumações em Aguilar de la Fontera (II)
(com video)

Córdoba, 24 julho 2010

A memória histórica "é simplesmente recuperar os restos de uma gente que está enterrada como cães”, afirma à Lusa Rafael Raya Bonilla, 48 anos, neto de um fuzilado na guerra civil espanhola, na localidade de Aguilar de la Frontera, província de Córdoba.
O avô, José Bonilla Varo, foi assassinado a 28 de julho de 1936, quatro dias depois da aldeia cair em mãos das tropas sublevadas contra a II República. Era um trabalhador do campo, tinha 34 anos e saiu de casa para ir beber água à fonte, quando “passou um camião dos ‘nacionais’ e o levou”.
A mulher de José Bonilla Varo “soube que o tinham levado para o quartel da Guarda Civil e foi-lhe levar um pedaço de pão e uma manta”, mas o guarda de turno disse-lhe que o marido “não precisava de nada, porque o tinham matado”, conta Rafael Bonilla Varo, 74 anos depois do sucedido.
O avô “não estava filiado em nenhum partido político” e tinha cinco filhos pequenos, entre os quais a mãe de Rafael, que então tinha cinco anos.
“A minha mãe diz que não entra neste cemitério até saber onde estão os restos do pai”, conta Rafael, que afirma “não ter nenhum desejo de vingança".
"Seria absurdo”, porque “quem matou o meu avô está morto e se tem um filho, ou um neto, não tem culpa disso”. O desejo de Rafael é “apenas recuperar os restos" do avô e poder dizer à mãe “aqui tens os restos do teu pai!”.

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Segundo Rafael Raya Bonilla, “o juiz Garzón apenas pretendia recuperar a história de Espanha”, porque “nos livros de História não há nada disto”.
Raya Bonilla pensa que “os filhos diretos” das vítimas da repressão “continuam a ter medo”, como a sua mãe, “que nunca quis falar disto porque lhe inculcaram o temor desde pequena”, dizendo-lhe “se falares matam-te, se falares matam-te!”
“Como pode uma pessoa que tem uma carreira universitária, pensar que isto é reabrir feridas?”, pergunta Rafael. E acrescenta: “Aqui nas aldeias, quem diz isso são as pessoas que têm mais estudos; parece que os que somos mais incultos vemos melhor a realidade que essas pessoas.”

Bruno Rascão, para a Agência Lusa

*** Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo ortográfico ***

Exumações das vítimas da guerra civil vão além de fins científicos, diz arqueólogo

Exumações em Aguilar de la Fontera (III)
(com video)

Córdoba, 24 julho 2010

As exumações dos mortos da guerra civil espanhola não têm "um mero fim cientifico”, declara à Lusa o arqueólogo Jorge Cepillo, para quem os trabalhos vão "mais além, porque é uma forma de compensar as vitimas da ditadura de Franco”.
Jorge Cepillo, um dos técnicos da AREMEHISA (Associação para a Recuperação da Memória Histórica de Aguilar de la Frontera) trabalha nas escavações do cemitério de Aguilar de la Frontera, na província de Córdoba, iniciadas a 3 de maio de 2010, onde foram localizados 47 esqueletos, dos quais 35 já foram recuperados das valas comuns.
O arqueólogo considera “um contra-senso que não exista uma normativa de âmbito nacional” aplicável “a todas as intervenções” e destaca que, no caso das exumações de Aguilar de la Frontera, o protocolo de atuação, aprovado pela Junta da Andaluzia em setembro de 2009, “não seja aplicável, porque o subsidio foi concedido pelo Ministério da Presidência”.
Cepillo exemplifica dizendo que o Comissariado para a Memoria Histórica da Junta da Andaluzia “não exige que se cumpra o protocolo, a não ser que dê um subsídio”, e que “se deram casos em que não se aplicou o devido rigor cientifico, nem se consultou os familiares” das vítimas.

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No caso de Aguilar de la Frontera, o arqueólogo afirma que “a intervenção está a ser realizada com parâmetros científicos e provas periciais que, no futuro, poderão ser utilizadas como provas” de que em Espanha se cometeram crimes contra a humanidade.
No entanto, Jorge Cepillo pensa que o país “teria que mudar muito para que se abrisse uma causa judicial” sobre os crimes do franquismo. Referindo-se à investigação que afastou o juiz Baltasar Garzón da Audiência Nacional, diz que “a justiça não desempenhou o papel desejado pelos cidadãos”.
Cepillo, neto de uma vitima da repressão, salienta que “o objetivo principal [destas intervenções] é ressarcir os familiares das vitimas”, mas defende que “crimes desta magnitude não podem ficar impunes e praticamente ausentes dos livros de história”.
Por essa razão considera que “é um tema que devia ser assumido pelo Estado” e “não devia ter sido deixado nas mãos dos familiares, que só querem a reparação”. Nessa linha de pensamento, defende que “as associações de memória histórica não se podem converter em empresas que gerem dinheiro para se auto-dignificarem a si mesmas”.

Bruno Rascão, para a Agência Lusa 

*** Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo ortográfico ***